El distrito de Curimaná, en la región Ucayali, atraviesa una grave situación ambiental y social debido al avance sostenido de la minería ilegal, actividad que se desarrolla sin fiscalización ni presencia efectiva del Estado. La población denuncia que, pese a la evidencia de maquinaria pesada en operación, no se registran acciones concretas para frenar esta práctica ilícita.
De acuerdo con los vecinos, la ausencia de controles ha permitido que la extracción ilegal continúe afectando directamente ríos, suelos y fuentes de agua utilizadas por las familias, incrementando el riesgo para la salud pública y el ecosistema local. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado una creciente sensación de abandono e impunidad.
Ante este escenario, los pobladores exigen una intervención inmediata y transparente de las entidades competentes, así como operativos efectivos que garanticen la protección del medio ambiente y el respeto al Estado de derecho. Advirtieron que, de no obtener respuestas oportunas, evaluarán la adopción de medidas de protesta para hacer oír su demanda.
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