El Emirato Islámico de Afganistán aprobó un nuevo Código de Procedimiento Penal de 119 artículos, una norma que ha generado amplio rechazo internacional por su impacto en los derechos de mujeres y niñas.
La normativa establece que los actos de violencia contra mujeres dentro del entorno familiar solo serán considerados graves cuando provoquen lesiones visibles de consideración, como fracturas o heridas abiertas. En la práctica, esto permite agresiones que no dejan marcas evidentes, recibiendo sanciones mínimas o simples advertencias.
El Código permite que los agresores justifiquen su acción alegando que estaban actuando por razones de religión, tradición, creencias culturales o normas morales que ellos consideran válidas, debilitando los mecanismos de protección para mujeres.
Además, la ley introduce un sistema de clasificación social que divide a la población por estatus, diferenciando las sanciones, los sectores considerados de mayor rango podrían recibir advertencias, mientras que las clases bajas enfrentarían castigos corporales más severos.
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