El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable del delito de insurrección por un tribunal del Distrito Central de Seúl. La sentencia se produce a raíz de la declaración de ley marcial que el entonces mandatario impuso el 3 de diciembre de 2024, en medio de una profunda crisis política.
La insurrección es un delito que implica un levantamiento o acción destinada a alterar el orden constitucional o desconocer la autoridad legítima del Estado. De acuerdo con el fallo, Yoon ordenó la movilización de fuerzas militares y policiales con el objetivo de restringir el funcionamiento de la Asamblea Nacional y frenar la oposición parlamentaria. El tribunal determinó que estas acciones constituyeron un intento de vulnerar el sistema democrático del país.
El episodio desencadenó una crisis institucional que culminó con su destitución mediante un proceso de juicio político en 2025.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que existió una planificación para neutralizar a líderes políticos y limitar libertades civiles. Aunque los fiscales solicitaron la pena de muerte, la corte impuso finalmente cadena perpetua. La defensa del exmandatario anunció que apelará la sentencia.
La condena marca un precedente en la historia política surcoreana y reabre el debate sobre los límites del poder presidencial en contextos de crisis.
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