Crónica de opinión
Basada en la investigación de Pedro Luis Ramos Martínez
La noche en Aguaytía suele esconder más de lo que muestra. Detrás de la oscuridad y música alta, hay historias que no empiezan en un local nocturno, sino mucho antes, en hogares marcados por la precariedad, la falta de oportunidades y un Estado que llega tarde. Esta vez, la historia tiene nombre judicial, pero detrás hay rostros jóvenes y promesas rotas.
La Corte Superior de Justicia de Ucayali dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres personas acusadas de trata de personas con fines de explotación sexual: un hombre de 27 años y dos adolescentes de 17 y 16 años. El caso, investigado, revela una cadena de negligencias que va más allá de los imputados y pone en cuestión la capacidad del sistema para proteger a los más vulnerables.
Según la Fiscalía, fueron los propios padres quienes encendieron la alarma. Sus hijas, lejos de casa, lograron comunicarse para pedir auxilio. Estaban retenidas en un presunto burdel de Aguaytía, provincia de Padre Abad. Ese llamado desesperado permitió la intervención de la Policía Nacional en el local nocturno “La Tranquila”, donde las menores fueron ubicadas y rescatadas.
Las adolescentes relataron haber sido captadas en Pucallpa con engaños. Les ofrecieron trabajo en una cantina, les prometieron ingresos, quizá una salida momentánea a la pobreza. Pero, de acuerdo con el Ministerio Público, terminaron siendo obligadas a atraer clientes y brindar servicios sexuales a cambio de 50 soles. Una cifra que no solo refleja explotación, sino el valor mínimo que el delito organizado le asigna a la dignidad humana.
Este caso no es un hecho aislado ni una excepción. Es el reflejo de una región donde la trata de personas sigue encontrando condiciones ideales: informalidad, debilidad institucional, controles débiles y una alarmante normalización de la violencia contra niñas y adolescentes. Mientras el discurso oficial habla de operativos y planes, la realidad demuestra que los burdeles ilegales siguen funcionando, que la captación continúa y que las redes se adaptan con rapidez.
La prisión preventiva es una medida necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de una política pública firme. ¿Dónde estaban los controles municipales? ¿Cuántos locales similares operan sin fiscalización real? ¿Qué programas existen para prevenir la captación de menores en zonas urbanas y periurbanas? La trata no empieza en un bar: empieza cuando el Estado abandona.
Los investigados serán trasladados a un penal mientras continúa el proceso judicial. Las víctimas, en cambio, cargan con una herida más profunda y duradera. La justicia no puede limitarse a encarcelar culpables, debe garantizar reparación, protección y, sobre todo, prevención.
Contar esta historia como lo hizo Pedro Luis Ramos Martínez, es un acto de interés público. Porque mientras la trata siga ocurriendo en silencio, seguirá creciendo. Y porque mirar hacia otro lado también es una forma de complicidad.
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