En Perú, el Poder Judicial emitió una sentencia histórica al condenar a 17 años de prisión a tres agentes de la Policía Nacional por los delitos de tortura agravada y abuso s3xual contra Azul Rojas Marín, una mujer trans, en hechos ocurridos en 2008 en el distrito de Casa Grande, región La Libertad.
El caso estuvo archivado durante años, hasta que en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su reapertura, señalando al Estado peruano como responsable por violaciones a los derechos humanos. Este fallo marcó un precedente al ser la primera vez que un Estado fue condenado por tortura contra una persona de la comunidad LGBTI.
Aunque la reciente sentencia es considerada un avance significativo en la lucha contra la violencia institucional y la discriminación, Azul Rojas afirmó que la reparación no es completa, ya que los policías condenados continúan en libertad y el Estado no ha cumplido plenamente con las medidas de atención médica, psicológica y compensación económica ordenadas.
El caso ha reavivado el debate sobre el acceso a la justicia, la impunidad y la protección de los derechos humanos de la población LGBTI en el país.
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