La Contraloría General de la República alertó que alcaldes y regidores que no asignen presupuesto, no ejerzan la función fiscalizadora o no rindan cuentas sobre el uso de estos recursos, incurren en responsabilidad administrativa, civil o penal, conforme a la normativa vigente. Tras revisar la plataforma de consulta amigable, el ente de control detectó que las municipalidades distritales de Ucayali no han destinado recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 para la fiscalización de los concejos municipales, incumpliendo lo dispuesto en la Ley N.° 31812.
Asimismo, se verificó que si bien algunas municipalidades provinciales consignaron presupuesto para fiscalización, no registraron los gastos en el aplicativo de Balance Semestral de la Contraloría, contraviniendo la Directiva N.° 010-2024-CG/PREVI. La entidad también advirtió que varios regidores provinciales y distritales no vienen cumpliendo su función fiscalizadora, pese a contar con asignación presupuestal, ni han reportado los gastos correspondientes al segundo semestre de 2025, lo que configura responsabilidad directa según la ley.
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