¿Del camal municipal al Gobierno Regional?

La aspiración de Antonio Marino Panduro de llegar al Gobierno Regional de Ucayali queda seriamente cuestionada tras el requerimiento de acusación formulado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, derivados de su gestión como alcalde de Coronel Portillo. La Fiscalía ha solicitado, además de la pena principal, una inhabilitación de hasta seis años para ejercer función pública, un escenario que pone en duda la legalidad y legitimidad de una eventual candidatura regional.

Según la acusación fiscal, durante la administración de Marino se habrían ejecutado decisiones irregulares para entregar el camal municipal a un privado mediante una figura de administración temporal no contemplada en la Ley Orgánica de Municipalidades, pese a que el concejo municipal ya había aprobado su incorporación al proceso de promoción de la inversión privada. El procedimiento se habría iniciado sin autorización previa, sin evaluación técnica ni concurso público, favoreciendo presuntamente al Consorcio Industrial de Carne COINCAR Ucayali, mientras el camal permaneció cerrado y sin cumplir su función pública.

En el mismo proceso también fueron acusados el exgerente de Asesoría Jurídica Roberto Carlos Salazar Maldonado y el empresario Héctor Valer Pinto, actual congresista de la República, vinculado directamente al consorcio beneficiado. La presencia de Valer Pinto en esta investigación genera nuevos cuestionamientos políticos, especialmente luego de que en fechas recientes fuera protagonista de un choque vehicular en Pucallpa y realizara visitas reiteradas a la ciudad sin anunciar públicamente su agenda oficial. ¿Cuál es hoy su relación con Antonio Marino y qué intereses lo traen nuevamente a Ucayali?

Para la Fiscalía, los hechos revelan una gestión municipal que habría vulnerado los principios de transparencia, legalidad y eficiencia, comprometiendo recursos y servicios públicos sensibles. En ese contexto, el caso del camal municipal no solo vuelve a poner bajo la lupa la gestión pasada de Marino, sino que abre una interrogante mayor para la opinión pública: ¿puede aspirar al Gobierno Regional quien enfrenta un pedido de inhabilitación, y qué rol juega un congresista investigado que mantiene presencia constante en la región sin rendir cuentas claras?