Red de poder: Allanan vivienda de Evelin de la Peña por presunto tráfico de influencias.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó un allanamiento con descerraje, registro domiciliario e incautación en el marco de una investigación por presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. La diligencia estuvo dirigida contra Evelyn Fernanda de la Peña Chávez, ex candidata a la vicegobernación regional, y fue ejecutada por el fiscal provincial del Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Anticorrupción de Ucayali, con autorización del Poder Judicial.

Mediante un allanamiento con descerraje, se realizó un registro domiciliario exhaustivo, procediéndose a la incautación de documentos, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, agendas y equipos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, laptops, memorias USB y otros dispositivos de almacenamiento.

Asimismo, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, permitiendo a la Fiscalía acceder, visualizar y extraer información de los dispositivos incautados, incluyendo conversaciones y archivos de WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, correos electrónicos, entre otras plataformas digitales, tanto de la investigada como de terceros presuntamente vinculados al caso.

La diligencia se ejecutó la tarde del martes 7 de enero. En el domicilio de la investigada, ubicado en el distrito de Yarinacocha, región Ucayali.

Según la hipótesis del Ministerio Público, Evelyn Fernanda de la Peña Chávez habría ofrecido puestos de trabajo en el Gobierno Regional de Ucayali a personas que apoyaron la campaña política del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino, sin ostentar un cargo funcional o administrativo vigente, lo que reforzaría una presunta influencia informal en decisiones del aparato regional.

Además, la diligencia se ejecutó debido a que la investigada fue citada en varias ocasiones y no acudió. Con la intención de esclarecer los hechos investigados, determinar posibles responsabilidades penales y establecer si estas presuntas conductas estarían vinculadas a procesos de contratación de diversa magnitud, motivo por el cual se dispuso la incautación de toda documentación financiera, contable y administrativa hallada en el inmueble.