Entre la esperanza de la salud mental comunitaria y la indiferencia institucional | Conciencia Colectiva

El ingreso a una universidad nacional en el Perú es, para miles de jóvenes, el día más feliz de sus vidas; un rito de pasaje que promete ascenso social y orgullo familiar. Sin embargo, cuando los ecos de la celebración se apagan, aparece una realidad silenciosa que no figura en los prospectos de admisión: la salud mental es la asignatura que más alumnos está reprobando. En un país donde el 20% de la población adulta padece algún trastorno mental y donde los jóvenes de 19 a 25 años son los más vulnerables según el MINSA, la universidad se ha convertido en un territorio de alta tensión, suspendido entre la presión del éxito y la precariedad del soporte emocional.

Hace unos años, sostuve una reunión frente a un rector con la ilusión de quien ofrece una balsa en medio de un naufragio. Llevaba conmigo el modelo de los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) Universitarios, una estrategia diseñada no solo para medicar, sino para acompañar, prevenir y sanar desde adentro del campus. Pero lo que encontré en esa oficina —y lo que muchos profesionales seguimos encontrando en la burocracia académica— fue un muro de indiferencia que confunde el valor de una vida con el precio por metro cuadrado de una oficina.

Este artículo no es solo una crítica a la gestión administrativa; es un testimonio desde la primera línea de atención sobre cómo la burocracia y el mercantilismo están asfixiando la esperanza de una generación que solo pide un espacio seguro para no quebrarse mientras intenta profesionalizarse.

Eran inicios del año 2022, y participé de una reunión con las autoridades de una universidad nacional, incluido el rector. Yo formaba parte del equipo multidisciplinario de un Centro de Salud Mental Comunitario Universitario e integraba la comisión para esa reunión. La idea era presentarnos como institución, exponer nuestro modelo de intervención, y sobretodo, tender puentes que nos permitan abordar de manera conjunta la salud mental de la población universitaria.

Inicié la exposición haciendo énfasis en lo beneficioso que resulta tener un centro de salud mental comunitario dentro de la universidad, que para ese entonces no existían más de 15 universidades en todo el Perú que contaban con uno dentro de sus instalaciones. Continué detallando cada uno de los servicios con los que contaba el establecimiento y los profesionales que lo integraban. Mi objetivo era mostrar a las autoridades que cuentan con un establecimiento de salud mental especializado, desde el año 2021, con la capacidad de atender la salud mental de la población universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo) desde la prevención, promoción, atención y rehabilitación, bajo el modelo de atención comunitario.

Las autoridades solo asentían con la cabeza. Para mí era una señal de que obtendríamos acuerdos de trabajo en conjunto provechosos para ambas instituciones.

Hasta que el rector dijo lo siguiente:

• Usted sabe, ¿cuánto costaría el alquiler mensual, incluido servicios básicos, de un espacio en donde ustedes trabajan? Hacía referencia a la infraestructura que la universidad había dado mediante cesión de uso al establecimiento de salud mental, para su funcionamiento.

El silencio que siguió a su pregunta fue denso, casi palpable. El rector no hablaba de diagnósticos, de prevención de suicidios o del bienestar de sus estudiantes; hablaba de metros cuadrados y recibos por pagar, desnudando una gestión que valoraba más la infraestructura que a las personas que la habitan.

La respuesta me brotó con la urgencia de quien defiende una trinchera: —¿Y sabe usted, señor rector, ¿sabe cuánto le cuesta a una familia peruana una sola consulta privada con un psiquiatra o un psicólogo especializado? —. En ese instante, la sala de reuniones se convirtió en el escenario de dos realidades paralelas. Mientras él veía un activo inmobiliario subutilizado, nosotros veíamos un puerto de refugio gratuito y especializado para jóvenes que, entre exámenes y precariedades, a menudo sienten que no pueden más. Mi réplica no fue un acto de irreverencia, sino un recordatorio necesario: el costo de la atención es alto, pero el precio de la indiferencia institucional es, sencillamente, impagable.

Como era de esperarse la reunión no llegó a un buen puerto. Esperábamos salir de ese encuentro al menos con una fecha para una próxima reunión y empezar elaborar un plan de trabajo conjunto basado en las necesidades de la comunidad universitaria en salud mental. Sin embargo, salimos confundidos porque no entendíamos los motivos para no tender puentes de trabajo, y molestos porque no puede ser posible que una institución de formación académica profesional, promotora de investigación científica, no considere la salud mental como una arista importante en la formación de jóvenes universitarios.

Siguieron los años y la relación entre ambas instituciones no tuvo mejoras. Por el contrario, daba la sensación de que las autoridades sólo esperaban la fecha de término del convenio, el cual venció a finales del año pasado. No se renovó. Y tampoco creo que se renueve. Al parecer existen otros intereses, ajenos a la atención de la salud mental de la población universitaria que pesarían más para las autoridades universitarias.  Esto deja a muchos jóvenes universitarios sin la oportunidad de acceder a servicios de salud mental especializado dentro la universidad. Y como mencioné en el artículo anterior, jóvenes universitarios de 19 a 25 años, son los que, según las estadísticas del MINSA, más problemas y trastornos de salud mental vienen padeciendo en los últimos años.

No se pierde sólo un local, se pierde el trabajo preventivo y promocional, la detección temprana, el manejo de ideación suicida, la continuidad del tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico de estudiantes, docentes y familiares que son usuarios (pacientes) del establecimiento, la red de soporte, etc.

La salud mental en las universidades no puede depender de convenios que vencen cada cierto tiempo, debería ser una política insertada en el estatuto universitario. Esperemos que las autoridades universitarias en nuestro país entiendan que la salud mental universitaria no es un lujo, ni un servicio adicional, ni mucho menos una carga inmobiliaria: es la base sobre la cual se construye cualquier aprendizaje posible.