El gobierno de Venezuela autorizó la detención inmediata de cualquier persona que promueva o respalde el ataque militar de Estados Unidos, en el marco del decreto de estado de conmoción exterior vigente por 90 días. La medida incluye sanciones contra quienes celebren públicamente la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como la restricción de derechos como la reunión, manifestación y libre tránsito.
Hasta el momento, se han reportado detenciones de ciudadanos y periodistas, incluidos comunicadores extranjeros que fueron retenidos y posteriormente liberados o deportados. Organizaciones civiles y de derechos humanos advierten que el decreto, sumado a las amenazas de autoridades regionales, ha generado un clima de silencio y temor, impidiendo movilizaciones públicas tras los recientes acontecimientos.
El decreto también autoriza la militarización de servicios públicos, la industria petrolera y otras áreas estratégicas, mientras se ha denunciado la presencia de civiles armados vinculados a colectivos junto a fuerzas de seguridad en puntos clave de Caracas. Se trata de la primera vez que el gobierno venezolano aplica este tipo de estado de excepción, reservado para conflictos externos que amenacen la seguridad nacional.
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